Luxemburgo es el segundo país más verde del mundo según la Universidad de Yale

© Cristof Weber.

El Índice de Desempeño Ambiental (EPI) elaborado por la Universidad de Yale ha publicado el ranking de los países más verdes del mundo. Lo ha hecho en base a 32 indicadores de salud ambiental aplicados a 180 economías del planeta. Según los resultados expresados por el EPI, Luxemburgo ostenta la medalla de plata en esta particular clasificación al haber obtenido la segunda puntuación más alta en base a los parámetros establecidos.

Pese a las divergencias entre las distintas políticas ambientales, el EPI destaca que las inversiones encaminadas a reducir las emisiones tienen impacto. Asimismo, el índice muestra una correlación entre unos buenos resultados ambientales y la riqueza nacional.

De este modo, los países nórdicos -Dinamarca lidera la clasificación- son sólidos en todos los indicadores. El TOP Ten lo completan Luxemburgo Suiza, Reino Unido, Francia, Austria, Finlandia, Suecia, Noruega y Alemania. España ocupa la posición décimo cuarta según la universidad americana.

El coste elevado detrás de las infraestructuras verdes explica en parte por qué son estas naciones las que han obtenido puntuaciones más altas. Reducir la contaminación del aire, el tratamiento de aguas, el control de desechos peligrosos o mitigar crisis de salud pública implica inversiones importantes, pero su beneficio potencial en los ciudadanos también es muy grande.

Un largo camino recorrido

Luxemburgo ocupa un enclave natural privilegiado. Dentro de la UE, es el país que mejor protege sus espacios naturales según SaveOnEnergy. Un total de tres cuartas partes del país corresponden a espacios naturales protegidos, lo que equivale a 1.963 km2 y 134 áreas.

Algunas decisiones recientes, adoptadas de manera transversal por diferentes estamentos, contribuyen a preservar y mejorar este estatus. Junto a Francia, Alemania, Suecia, Holanda, Finlandia y Portugal, Luxemburgo solicitó a la UE una política medioambiental ambiciosa para estar a la altura del Acuerdo de París de 2015. Durante la COP25 de Madrid, la ministra de Medio Ambiente, Crole Dieschbourg, anunció que Luxemburgo aportaría 120 millones de euros al fondo de ayuda contra el cambio climático acordado en el citado acuerdo de la capital francesa. Esta misma cita contó con la participación de Pierre Gramegna, ministro de Finanzas del Gran Ducado, quien hizo una firme defensa de un sistema financiero verde y sostenible.

En 2018, Luxemburgo lanzó su estrategia financiera sostenible siguiendo los mandatos de la Unión Europea en el marco de la Agenda 2030. Desde Luxembourg for Finance recordaban entonces que el Plan de Acción de la UE marca tres objetivos de alto nivel: reorientar los flujos de capital, gestionar los riesgos financieros relacionados con el clima y otras áreas de medio ambiente, sociedad y gobierno (ESG, por sus siglas en inglés), y fomentar la transparencia y las decisiones a largo plazo.

Una de las medidas más relevantes en esta dirección se produjo el pasado año. El 29 de febrero de 2020, Luxemburgo – con François Bausch como ministro de Desarrollo Sostenible e Infraestructuras- se convirtió en el primer país del mundo con transporte público gratuito después de eliminar las tarifas generales de trenes, tranvías (fabricados por la empresa española CAF) y autobuses con el objetivo de intentar reducir la congestión de las carreteras y las emisiones del tráfico rodado.

Desde el 31 de diciembre de 2020, los productos fitofarmacéuticos a base de glifosato estarán prohibidos en el Gran Ducado. Es “un paso decisivo en un enfoque sostenible que responde a las ambiciones de un uso de los productos fitofarmacéuticos moderno y respetuoso con el medio ambiente”, explicaba entonces el ministro de Agricultura, Romain Schneider.

Mención especial merece también el apoyo del ministerio de Energía luxemburgués, dirigido por Claude Turmes, a la declaración conjunta de parte de los miembros de la UE para apoyar la producción de hidrógeno procedente de renovables como herramienta para acelerar la descarbonización. Este acuerdo contó también con el respaldo directo del Gobierno de España a través de su presidente, Pedro Sánchez, y de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.